El pasado 30 de agosto los fiscales generales de 20 estados de EE. UU., presentaron una demanda conjunta contra la Administración de Joe Biden. ¿El motivo? Las directrices recientemente aprobadas por la Comisión del casi recién estrenado gobernante, para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Departamento de Educación.

Demanda conjunta a la Administración de Joe Biden

Según estas normas, se califica como discriminación el hecho de negarse a reconocer la identidad de género de las personas. Más concretamente, estas directrices permiten que las mujeres autoidentificadas como trans puedan participar en equipos deportivos femeninos escolares. También se acepta que los empleados utilicen los servicios de sus lugares de trabajo que correspondan a su identidad de género sentida. Algo que cada vez está generando más polémica entre la población y algunos partidos políticos.

Esta demanda fue presentada inicialmente por el fiscal general de Tennessee Herbert Slatery. 19 estados más la siguieron más: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental. Según el comunicado que difundió Slatery, esta petición tiene el objetivo de impedir que la Administración de Joe Biden imponga sus nuevas interpretaciones (que califica como ilegales y expansivas) de las leyes federales contra la discriminación. La querella interpuesta argumenta que las agencias federales no tienen potestad para decidir de forma unilateral sobre asuntos tan controvertidos que afectan a todos los ciudadanos. El comunicado dicen también que se trata de un conflicto entre dos agencias federales tratando de cambiar la ley, cuando la responsabilidad y la autoridad recae exclusivamente en el Congreso.

Los estados demandantes opinan que las agencias publicaron estas directrices basándose en el polémico caso de Bostock. Tras dicho caso, que sentó un precedente, la Corte Superior de EE. UU. dictaminó que las empresas no pueden despedir a sus empleados por cuestiones de identidad de género ni orientación sexual. Pero según los estados adscritos al comunicado, esta decisión, que abarcaba exclusivamente la rescisión de un contrato laboral, ha sido ahora malinterpretada.

Uso de baños, pronombres, deportes y códigos de vestimenta

Así pues, esta coalición de estados que demanda conjuntamente a la Administración de Joe Biden exige a la corte que se invalide dicha norma o directriz. Concretamente piden que la prohibición no se aplique al uso de vestuarios, duchas y baños, y que su uso se base en el sexo biológico, tanto en los centros escolares como en los puestos de trabajo. Así mismo piden que los ciudadanos no estén obligados a usar los pronombres que le pida una persona transgénero y que no se prohíba la creación de equipos deportivos diferenciados por sexo biología. En la petición se incluye también una referencia a los códigos de vestimenta en los espacios de trabajo.

Las cosas se complican en la Administración de Joe Biden con la cuestión trans. Recientemente se viralizaba la noticia de una mujer que se quejaba por la presencia de un hombre desnudo en un SPA femenino. Ante su petición para que le devolviesen el dinero, el empleado le recordaba que en California existe una ley que protege a la comunidad LGBT de la discriminación por parte de las empresas. Tampoco está gustando demasiado la situación en las cárceles, también en California, donde hay hasta 300 presos esperando a ser trasladados a penales para mujeres.

¿Qué opinas tú de uno de los asuntos más complicados de los últimos tiempos?